La defensa del ambiente y los derechos humanos en Latinoamérica es una actividad de alto riesgo. Según un informe de Front Line Defenders (FLD) publicado en 2025, la región concentró 257 asesinatos de defensores ambientales en 2024, lo que representa el 80 por ciento del total global.
México ocupa el segundo lugar en peligrosidad, con 32 víctimas, sólo detrás de Colombia, que registró 157 muertes. El informe atribuye esta violencia a conflictos armados, actividades extractivas y la desprotección estatal.
Países más afectados y causas de la violencia
Los cinco países más peligrosos para defensores ambientales en Latinoamérica son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú. En Colombia, la presencia de grupos armados ilegales y la impunidad agravan la situación, con menos del 15 por ciento de los casos llegando a sentencia judicial.
En México, la criminalización y el racismo sistémico afectan principalmente a defensores indígenas, quienes sufren arrestos arbitrarios y penas desproporcionadas. Guatemala, con 29 asesinatos, enfrenta una violencia extrema pese a su pequeña población.
Conflictos en la Amazonía y efectos limitados del Acuerdo de Escazú
Brasil y Perú, con grandes extensiones amazónicas, sufren ataques ligados a milicias armadas, minería ilegal y narcotráfico. La falta de fiscalización estatal y la corrupción empeoran la crisis.
Aunque el Acuerdo de Escazú busca proteger a estos defensores desde 2021, su impacto ha sido limitado por la falta de compromiso de los gobiernos. Además, no incluye a periodistas ambientales, pese a los múltiples asesinatos documentados.
