Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, exigió pruebas sobre los supuestos vínculos entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el Cártel de Sinaloa. Lo declaró este 8 de agosto de 2025, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde aclaró que en México no hay ninguna investigación relacionada con ese tema.
Sheinbaum enfatizó que es la primera vez que escuchan sobre esa acusación y reiteró que, si existen pruebas, deben ser presentadas. De lo contrario, afirmó, el Gobierno de México no tiene conocimiento ni elementos que respalden tales señalamientos.
Estados Unidos ofrece recompensa por Maduro
Días antes, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. La funcionaria compartió un video en redes sociales donde calificó al mandatario venezolano como “una amenaza para la seguridad nacional” y “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
Estados Unidos ya había acusado a Maduro en 2020, durante la administración de Donald Trump, por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025, el gobierno estadounidense duplicó la recompensa, elevándola de 25 a 50 millones de dólares.
Vínculos con cárteles y decomisos millonarios
Bondi aseguró que Maduro colabora con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Sol para introducir drogas a Estados Unidos. Añadió que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al presidente venezolano, incluidos dos aviones privados y nueve vehículos.
“Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes”, expresó la fiscal en su mensaje público.
Trump refuerza acciones contra cárteles
El mismo día, el diario The New York Times reveló que el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una directiva dirigida al Pentágono para permitir el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina. Estas organizaciones han sido catalogadas como terroristas por su implicación en actividades ilícitas transnacionales.
La medida busca fortalecer la política de seguridad estadounidense en la región y marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico.
