Estados Unidos dio un ultimátum al gobierno de España para terminar sus contratos con el gigante chino Huawei, valuados en más de 12.3 millones de euros. Si no los termina a fin de mes, restringirá el intercambio de información clasificada.
Así lo dio a conocer el diario ABC, que señaló que la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, abrió una investigación formal sobre los tratados; esto, ante la sospecha de posibles conexiones entre Huawei y los servicios de inteligencia chinos.
En una carta dirigida a las autoridades españolas, Gabbard advirtió que, si los contratos se mantienen, “se limitará notablemente el flujo de inteligencia compartida”; misma que es crucial en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas globales.
La principal preocupación de Washington radica en que, al estar legalmente sujeta al Partido Comunista Chino, Huawei podría verse obligada a entregar datos sensibles al Gobierno de Pekín.
Presión política en EE.UU.
El caso ha generado fuerte presión política. Los senadores Tom Cotton y Rick Crawford, presidentes de las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, enviaron una carta solicitando una revisión inmediata de la cooperación con España. “La adjudicación de estos contratos a Huawei supone un riesgo para la seguridad occidental”, denunciaron.
Por su parte, el portavoz del senador Cotton, Patrick McCann, expresó su apoyo a la investigación abierta por Gabbard; asimismo, instó al gobierno de España a cancelar el contrato antes de que sea demasiado tarde.
Huawei ha sido excluida del núcleo de las redes 5G en España por motivos de seguridad; pero el Ejecutivo ha permitido que la compañía china gestione servicios de almacenamiento de escuchas judiciales, altamente sensibles.
En tanto, España defiende la adjudicación alegando que Huawei presentó la oferta económica y que la normativa obligaba a aceptarla. No obstante, la falta de cláusulas específicas de seguridad en el pliego de condiciones ha alimentado las dudas en Washington y Bruselas sobre la capacidad de España para proteger información clasificada.
