El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de bienes valorados en más de 700 millones de dólares. Según la fiscal general Pam Bondi, estos activos están vinculados directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro y su círculo cercano.
Bienes confiscados: mansiones, aviones y joyas
Entre las propiedades confiscadas destacan mansiones en Florida y República Dominicana, dos aviones privados y nueve vehículos de lujo. También se incautaron joyas, grandes sumas en efectivo y una granja de caballos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estos bienes provienen de operaciones ilícitas y corrupción gubernamental.
Investigación internacional y acusaciones de corrupción
Bondi comparó las acciones del régimen venezolano con las de organizaciones criminales internacionales. Señaló que la investigación busca desmantelar redes financieras ilegales que afectan a la población venezolana. El Departamento de Justicia no descarta nuevas incautaciones en las próximas semanas.
Recompensa millonaria por la captura de Nicolás Maduro
La acción forma parte de una estrategia más amplia de presión contra Maduro. Estados Unidos mantiene sanciones económicas y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura. La recompensa también aplica para altos funcionarios acusados de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.
Respuesta de Venezuela: denuncia de intromisión
El gobierno venezolano reaccionó de inmediato. A través del fiscal general Tarek William Saab y del canciller Yván Gil, calificó la medida como una “infame intromisión” y una “violación del derecho internacional”. Caracas sostiene que se trata de una campaña de guerra psicológica para desestabilizar al país.
Impacto diplomático y tensiones crecientes
Medios internacionales han confirmado la magnitud de la incautación. Las investigaciones revelan un patrón de adquisición de bienes en diferentes jurisdicciones, con operaciones diseñadas para ocultar el origen del dinero.
Estados Unidos ha reiterado que las acciones legales no buscan afectar al pueblo venezolano, sino combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Las incautaciones forman parte de un caso que podría tener repercusiones diplomáticas significativas.
Mientras tanto, la tensión entre Washington y Caracas se intensifica. El caso añade presión sobre un gobierno ya aislado internacionalmente. Las próximas semanas serán clave para determinar si surgirán nuevos cargos o más confiscaciones.
