CIBanco presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés). La institución mexicana fue acusada de facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de opioides y excluida del sistema financiero estadounidense, a partir del próximo 4 de septiembre.
La demanda, de 37 páginas, sostiene que la medida equivale a una “pena de muerte institucional”, ya que prohíbe cualquier transferencia con bancos de EE.UU. sin previo aviso ni oportunidad de defensa. La firma argumenta que se violaron sus derechos conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos y la Constitución estadounidense.
Acusan violación al debido proceso
En el documento legal, CIBanco afirma que las sanciones impuestas por FinCEN carecen de fundamentos específicos y son tan generales que imposibilitan su defensa. “Se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, señala la institución financiera.
El banco advirtió que la orden pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos fiduciarios de interés estadounidense que administra, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y bienes de ciudadanos y empresas del país vecino.
Pérdidas millonarias e impacto en usuarios
Tras la publicación de la orden, CIBanco perdió todos sus corresponsales en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales, que representaban más del 50 por ciento de sus ingresos.
Además, Visa canceló su contrato con la institución, dejando inoperativas aproximadamente 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por el banco.
Sin pruebas claras, según CIBanco
En su defensa, CIBanco asegura que las acusaciones se basan en supuestas transacciones con empresas en México y China, sin aportar nombres, fechas o evidencia concreta. “Es como buscar agujas en campos de heno”, afirma el texto de la demanda.
La institución considera que la sanción representa una amenaza directa de liquidación y pérdida de más de tres mil empleos. También advierte que el traslado forzado de su unidad fiduciaria, valuada en 400 millones de dólares, afectaría a clientes tanto de México como de Estados Unidos.
