El crimen organizado ha encontrado en el robo y adulteración de leche —conocido como «lechicoleo»— una nueva forma de operar, principalmente en Guanajuato, estado que encabeza el registro de este delito en México. Conductores de pipas se coluden con bandas delictivas para desviar cargamentos de leche, ordeñarlos y vender producto adulterado con agua y sal.
La Secretaría de Seguridad de Guanajuato ha incautado más de 160 mil litros de leche robada en los últimos ocho meses. El destino final del producto alterado son plantas de envasado y distribución, lo que representa un riesgo para la salud pública y un problema creciente en la cadena agroalimentaria nacional.
¿Qué es el «lechicoleo»?
Este término surge por analogía con el huachicol, que refiere al robo de gasolina. En este caso, el «lechicoleo» implica el robo sistemático de leche a través de ordeña de pipas y su posterior adulteración. La leche contaminada llega a centros de distribución sin que los consumidores sospechen del fraude sanitario.
Autoridades estatales han registrado varios operativos. En enero, en Irapuato, se detuvo a dos personas que ordeñaban diariamente 20 mil litros. En febrero, otros dos hombres fueron capturados en León con 34 mil litros robados. En abril, tres más fueron sorprendidos transportando 66 mil litros sobre la carretera federal 45D.
Infiltración del crimen en la cadena lechera
De acuerdo con la Cámara Nacional de Industriales de Leche (CANILEX), detrás del este delito se encuentran extrabajadores de la industria, quienes conocen a detalle la logística, rutas y protocolos del sector. Su experiencia facilita las operaciones ilícitas sin levantar sospechas inmediatas.
“Son personas que saben a dónde ir y qué hacer con la leche robada”, señaló Ricardo Villavicencio Contreras, presidente de CANILEX. Aunque se considera un delito de baja incidencia, su impacto es relevante y expone fallas en los sistemas de seguridad del sector agroindustrial.
Riesgos para la salud y el bolsillo
Esta acción no solo es un crimen económico, sino una amenaza directa a la salud pública. La leche adulterada no cumple con normas sanitarias y puede ocasionar enfermedades gastrointestinales o intoxicaciones, especialmente en población vulnerable.
Además, el delito incrementa los costos de producción, ya que las empresas deben invertir en sistemas de rastreo, monitoreo GPS, y seguridad privada. Esto podría reflejarse en un aumento de precios en productos lácteos, afectando directamente a los consumidores.
