La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que «terminó una era muy cuestionada» en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el último informe de labores de la ministra presidenta saliente, Norma Piña.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que a partir del 1 de septiembre comenzará una nueva etapa en el Poder Judicial, marcada por la elección directa de ministros, jueces y magistrados por parte de la ciudadanía. Calificó este cambio como “algo único” en la historia del país.

Cierre de un ciclo

La mandataria federal remarcó que concluye una etapa señalada por sentencias controvertidas, presuntos casos de corrupción, nepotismo y defensa de privilegios. “A partir del 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México”, puntualizó.

El comentario surge tras el discurso final de la ministra presidenta Norma Piña, quien rindió su último informe como titular de la SCJN. Su periodo fue acortado como resultado de la reforma constitucional de 2024, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada por Sheinbaum.

Norma Piña defiende la actuación de la Corte

Durante su mensaje desde el recinto judicial en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Norma Piña defendió el actuar del tribunal durante su gestión. Hizo énfasis en la defensa de la Constitución a pesar de los constantes ataques políticos.

“Bajo el asedio, a pesar de las calumnias y la desinformación, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución”, señaló. Además, subrayó que la Corte respondió con sentencias y nunca con confrontaciones, apostando al diálogo y al derecho.

Transformación del Poder Judicial en México

El proceso de reconfiguración del Poder Judicial, que entra en vigor en septiembre de 2025, representa un cambio institucional profundo. La reforma modifica el método de selección de jueces y ministros, quienes ahora serán elegidos por voto popular, una medida sin precedentes en México.

Esta transformación marca el fin de un modelo vigente por más de cuatro décadas, dando paso a un nuevo esquema que, según el gobierno, busca mayor legitimidad y cercanía con la ciudadanía.