Organizaciones civiles solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) garantizar un proceso transparente e idóneo para la designación de la próxima titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en un contexto donde México acumula más de 133 mil personas desaparecidas y 73 mil restos humanos sin identificar.

La decisión presidencial, prevista tras la entrega de los perfiles finalistas por parte de la SEGOB, llega en medio de una crisis reconocida como una de las más graves en materia de derechos humanos, según alertó Amnistía Internacional (AI).

Crisis de desapariciones en cifras alarmantes

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el último trimestre se registraron más de 5 mil nuevas desapariciones. Esta situación se agrava por la existencia de decenas de miles de restos humanos sin identificar, localizados en múltiples regiones del país.

En gran parte, las labores de búsqueda en campo han sido impulsadas por familiares de personas desaparecidas, especialmente mujeres, quienes enfrentan riesgos y violencia en el ejercicio de una tarea que debería asumir el Estado.

Un perfil fuerte, confiable y con enfoque en víctimas

Amnistía Internacional subrayó que la CNB debe ser encabezada por una persona que cumpla con criterios de idoneidad y esté enfocada en dar respuesta a una crisis que se profundiza diariamente. La organización enfatizó que el nuevo liderazgo deberá afrontar retos como la coordinación institucional, el presupuesto insuficiente y la falta de confianza de las familias.

También se planteó la urgencia de implementar una política nacional de prevención y erradicación de desapariciones, profesionalizar el sistema de búsqueda y los servicios forenses, así como cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

El papel de las mujeres buscadoras

En su pronunciamiento, AI resaltó la labor de las mujeres buscadoras, quienes representan al menos nueve de cada diez personas que encabezan estas tareas. Además, 97 % de ellas ha enfrentado violencia, según su más reciente informe.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroPro) cuestionó la falta de claridad en las entrevistas públicas a candidaturas, previstas para el 31 de agosto, ya que —según su denuncia— no se conocen los parámetros de evaluación ni los detalles del proceso.