El Senado votará la reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre. La propuesta busca modificar el acceso a este recurso judicial, con el objetivo de evitar su uso indebido y acelerar la impartición de justicia.
La iniciativa forma parte de la agenda prioritaria del gobierno y podría avanzar sin mayores resistencias en ambas cámaras. Sin embargo, abogados y organizaciones civiles alertan sobre posibles retrocesos en la protección de derechos humanos.
Cambios propuestos y puntos críticos
Entre las modificaciones más relevantes está la redefinición del “interés legítimo”, que ahora se plantea como individual o colectivo. También se ajustan plazos, actos de ejecución y créditos fiscales, además de eliminar la propuesta de cargar multas al erario.
Especialistas advierten que limitar el interés legítimo afectaría la capacidad de organizaciones para presentar amparos en defensa de causas colectivas. Casos como los recursos interpuestos por ambientalistas ante el Tren Maya podrían quedar fuera del alcance legal.
Debate legislativo
Durante dos días de audiencias públicas, expertos en derecho constitucional expresaron su preocupación. Javier Martín Reyes, de la UNAM, señaló que “sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”.
El senador Adán Augusto López anunció la votación, aunque su postura contradijo a otros legisladores que promovían foros abiertos. La presidenta defendió la reforma como una herramienta para evitar abusos, especialmente por parte de deudores fiscales.
El debate continúa entre quienes buscan eficiencia judicial y quienes defienden garantías constitucionales.
