La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentó el informe “Infancia cuenta en Veracruz”, en el que advierte que el estado se ha convertido en un territorio estratégico y de alto riesgo para la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA). El análisis fue elaborado junto con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM), con apoyo de la Unión Europea.
Veracruz, se ubica geográficamente en el oriente del país y sus costas en el golfo de México. Ese corredor es clave para el tráfico de drogas, armas y personas, lo que ha generado disputas entre al menos quince grupos criminales que operan en municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica.
Actividades delictivas
Entre 2015 y 2025, se registraron oficialmente 22 casos de NNA utilizados por agrupaciones delictivas en Veracruz. Además, se documentaron 32 víctimas menores de edad de trata de personas, involucradas en explotación sexual, trabajo forzado, halconeo, transporte de drogas, sicariato y mendicidad forzada.
Las organizaciones advierten que estas cifras representan solo una parte del problema, ya que no existen registros específicos sobre reclutamiento, lo que limita la prevención y atención.
Factores de vulnerabilidad
El informe señala que la pobreza estructural, la violencia familiar, la desigualdad y la falta de oportunidades educativas aumentan la exposición de NNA al crimen organizado. También se destaca la influencia de la “narco-cultura”, que romantiza la criminalidad y refuerza masculinidades violentas.
El estudio también denuncia graves fallas en la respuesta institucional: exceso de burocracia, falta de coordinación entre dependencias, ausencia de un programa estatal específico y tendencia a criminalizar a las víctimas. Estas carencias dificultan la protección efectiva de la infancia.
Llamado a la acción
Redim y CAM exhortan a autoridades estatales y federales a establecer un protocolo especial para detectar y atender casos de trata y reclutamiento. También proponen fortalecer la prevención desde las escuelas y comunidades, capacitar a funcionarios públicos y garantizar la participación de NNA en el diseño de políticas públicas.
