La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley Aduanera, con 338 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone fortalecer el marco legal para combatir la evasión y elusión fiscal en recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.

La reforma establece nuevos requisitos de control y vigilancia digital, modifica 65 artículos, añade 44 y deroga nueve. El objetivo es mejorar la supervisión de operaciones aduaneras y evitar que recursos públicos terminen en manos de particulares o funcionarios corruptos.

Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que la propuesta busca erradicar prácticas como el contrabando y el desvío de recursos. La iniciativa fue recibida el pasado 9 de septiembre y forma parte de una estrategia integral para modernizar el sistema aduanero.

La aprobación ocurre en medio de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que recientemente abrió un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros implicados en una red de contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”.

Entre los cambios más relevantes, se establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada tres. Además, se crea el Consejo Aduanero, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargado de autorizar, suspender o cancelar patentes y agencias aduanales.

La reforma también impone sanciones más severas a los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir con los requisitos de retorno al extranjero o sin el pago de contribuciones correspondientes.

Durante la discusión, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez (PAN) expresó que la reforma no combate eficazmente el huachicol fiscal ni la corrupción. Señaló que podría afectar el comercio exterior, criminalizar a los agentes aduanales y otorgar excesivo poder a la autoridad sin contrapesos.

A pesar de las críticas, el dictamen continuará su proceso legislativo para su eventual promulgación.