El patrimonio de Michael Jackson, valorado en miles de millones de dólares, sigue siendo escenario de una batalla legal que enfrenta a su hija, Paris Jackson, con los albaceas designados para administrarlo. A pesar de haber recibido una suma millonaria, Paris mantiene una lucha firme por lo que considera una gestión opaca y con posibles irregularidades.
La disputa, que se desarrolla en los tribunales de California, se centra en los presuntos pagos indebidos que los ejecutores John Branca y John McClain habrían autorizado. Según documentos judiciales presentados por Paris en julio, se cuestionan «pagos premium» por un valor de aproximadamente 625,000 dólares a varios bufetes de abogados por trabajos «no registrados oficialmente».
En una moción judicial presentada el 3 de octubre, los abogados de Paris utilizaron una poderosa metáfora para describir la actitud de los administradores: los compararon con el «Mago de Oz». Alegaron que «actúan con secretismo» y «exigen que el tribunal confíe en ellos a ciegas, impidiendo que alguien mire detrás de la cortina».
La petición de Paris busca anular una orden de 2010 que permite a Branca y McClain pagar honorarios de abogados sin necesidad de una aprobación judicial previa para cada transacción. Su equipo legal insiste en que estos pagos fueron «gratuidades injustificadas» y que los ejecutores «no tenían autoridad» para realizarlos.
Frente a estas acusaciones, los ejecutores respondieron el 9 de octubre con un documento que no solo busca desacreditar los señalamientos, sino que por primera vez revela la magnitud de los recursos que Paris ha recibido.
Según la respuesta judicial, Paris Jackson ha obtenido aproximadamente 65 millones de dólares de la herencia de su padre. Los albaceas argumentan que, lejos de perjudicarla, su gestión rescató un patrimonio que en 2009 estaba «agobiado con deudas que superaban los 500 millones de dólares» y lo transformaron en un imperio ahora valorado en más de 2,000 millones de dólares.
Su abogado, Jonathan Steinsapir, defendió los pagos cuestionados, afirmando que no son «regalos ni bonificaciones arbitrarias», sino compensaciones por servicios extraordinarios, todos previamente aprobados por el tribunal.
El enfrentamiento legal está lejos de terminar. Paris y sus abogados insisten en la necesidad de una mayor transparencia y una investigación a fondo. Por su parte, los ejecutores han solicitado que la demanda sea desestimada, alegando que viola la ley anti-SLAPP de California y calificándola de «infundada y difamatoria».
La próxima audiencia está programada para el jueves 16 de octubre, una cita crucial que podría definir el rumbo de esta compleja y millonaria disputa familiar.
