El Gobierno de México anunció la implementación de acciones estratégicas de seguridad en Michoacán, con el objetivo de garantizar las actividades productivas de los trabajadores del campo. La medida surge tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de la región, ocurrido recientemente en el municipio de Apatzingán.
Durante una reunión con autoridades locales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán las labores de inteligencia y vigilancia en el estado. El funcionario aseguró que las investigaciones sobre el homicidio continúan y que el caso “no quedará impune”.
Bernardo Bravo era reconocido por encabezar manifestaciones contra las extorsiones del crimen organizado hacia productores de limón en Michoacán. En diversas ocasiones denunció que él y sus compañeros estaban sometidos a cuotas impuestas por grupos delictivos, lo que afectaba directamente la producción y comercialización del cítrico.
En la reunión participaron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, representantes del sector limonero, así como autoridades de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales. Se acordó fortalecer la coordinación interinstitucional para reducir los actos ilícitos que afectan a la región citrícola.
Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier actividad delictiva a través del número 089, una línea anónima y segura que protege la identidad de quienes aporten información útil para las investigaciones.
Michoacán es el principal productor de limón mexicano, con una cosecha anual cercana a las 700 mil toneladas en más de 67 mil hectáreas, trabajadas por alrededor de 3 mil 500 productores. Esta relevancia económica convierte al sector en un objetivo constante de extorsiones por parte de grupos criminales como Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato.
