Empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) denunciaron más de cinco mil despidos masivos desde la llegada de los nuevos jueces y magistrados electos. La protesta, convocada por el Sindicato Nacional de Renovación del PJF, incluyó la suspensión de labores y el cierre de accesos a juzgados y tribunales en 14 estados del país.
De acuerdo con Patricia Caballero Alonso, secretaria del sindicato, los despidos violan el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, que garantizaba la preservación de los derechos laborales. Además, expresó preocupación por el anuncio del diputado Ricardo Monreal, quien adelantó un recorte de más de 18 mil millones de pesos al presupuesto de órganos autónomos y del PJF.
Desde las 5:00 de la mañana del viernes 31 de octubre, trabajadores colocaron cadenas y candados en edificios clave como el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Palacio de Justicia de San Lázaro y el Edificio Prisma. Según el secretario general del sindicato, Juan Alberto Prado Gómez, la medida responde a la falta de insumos básicos y a la incertidumbre laboral de miles de familias afectadas.
La protesta se replicó en estados como Guerrero, Aguascalientes, Tabasco, Nuevo León y Guanajuato, donde empleados realizaron paros de “brazos caídos”. El sindicato, que agrupa a más de 22 mil trabajadores federales, había anunciado la suspensión total de labores desde el 28 de octubre como último recurso para exigir condiciones laborales dignas.
Los trabajadores señalaron que la suspensión obedece a la falta de impresoras, hojas, papelería, suministro de agua y servicio de comedores, además de la ausencia de reposición de plazas vacantes. También denunciaron el incumplimiento en el pago del incremento salarial anual y del retroactivo correspondiente, compromisos que, aseguran, el OAJ no ha cumplido.
El sindicato aclaró que, pese al cierre, se mantendrán guardias para atender casos urgentes, con el fin de no afectar a la ciudadanía en situaciones críticas.
Esta es la segunda gran manifestación nacional en menos de un año por parte de los trabajadores del PJF, luego de la protesta histórica contra la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado oficial, Prado Gómez reiteró que la medida busca salvaguardar el funcionamiento institucional y que la organización mantiene disposición al diálogo. Sin embargo, advirtió que “no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de quienes sostienen la impartición de justicia federal”.
