México se convirtió en el país con mayor actividad en mercados criminales a nivel global, de acuerdo con la tercera edición del Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC). El informe, publicado este año, posiciona al país en el primer lugar en mercados ilícitos con una puntuación de 8.27 y en el tercer lugar en criminalidad total con 7.8 puntos, solo detrás de Myanmar y Colombia.
El estudio, difundido internacionalmente, analiza quiénes participan en los mercados ilícitos, dónde se desarrollan, cuándo se consolidaron y por qué representan un desafío para los Estados. En el caso del país mexicano, la investigación concluye que los cárteles operan como corporaciones transnacionales, con economías ilícitas diversificadas y una resiliencia institucional insuficiente para contenerlos.
El informe señala que México lidera en delitos como tráfico de personas, contrabando de migrantes, extorsión, tráfico de armas, comercio de bienes falsificados, crímenes ambientales, delitos financieros y cibernéticos, además del tráfico de drogas. El mercado de cocaína obtuvo una puntuación cercana al máximo (9.00), reflejando el papel estratégico del país como corredor continental.
La producción y exportación de drogas sintéticas, especialmente metanfetamina y fentanilo, se consolidan como actividades de mayor crecimiento para los grupos criminales.
La GI-TOC identifica a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales actores del crimen organizado en México. Estos grupos mantienen una vasta fuerza laboral, controlan territorios mediante extorsión y violencia, tienen presencia en prisiones y operan redes internacionales para tráfico de drogas, armas y personas.
El informe advierte que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los más afectados por la trata de personas y explotación laboral. Las víctimas más frecuentes son mujeres, menores de edad y comunidades indígenas, quienes enfrentan riesgos elevados por pobreza estructural y flujo migratorio constante.
México obtuvo una calificación de 4.50 en resiliencia institucional, ubicándose en el puesto 111 de 193 países. El documento señala que, pese a la postura pública contra los cárteles, persisten problemas como impunidad, corrupción y militarización de la seguridad pública. Además, la reforma judicial y la elección de jueces han generado alertas sobre posibles influencias del crimen organizado en procesos institucionales.
