Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad la minuta enviada por la Cámara de Diputados para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de octubre de 2025, será discutida este miércoles en el Pleno.
El proyecto incorpora modificaciones a 15 artículos y establece penas de 15 a 25 años de prisión por extorsión, con agravantes que pueden añadir entre 3 y 17 años más. En casos donde se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de daños derivados de hechos de tránsito provocados intencionalmente, la condena podría alcanzar hasta 42 años.
La ley contempla la persecución de oficio del delito y mecanismos para bloquear comunicaciones desde centros penitenciarios, considerados uno de los principales focos de extorsiones telefónicas. También actualiza normas sobre reparación del daño, extinción de dominio, uso de pruebas y elimina beneficios preliberatorios en estos casos.
El dictamen refuerza estándares de derechos humanos y ordena que todas las fiscalías integren unidades especializadas con ministerios públicos, analistas y policías certificados en materia de extorsión. Mientras se conforman estas áreas, las autoridades locales podrán apoyarse en las unidades antisecuestro.
Entre las modificaciones se sustituyó la agravante de “afectación a la economía de una entidad federativa” por la afectación medible a economías comunitarias, considerada más verificable. Además, se precisaron sanciones para evitar interpretaciones confusas y se homologó el tipo penal en las 32 entidades federativas.
Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que ubican la extorsión como el tercer delito más frecuente en 2024 y el primero en ocho estados. Señaló que la cifra negra alcanza 97 %, pues de mil casos diarios solo 31 se denuncian.
Carolina Viggiano y Claudia Anaya (PRI) respaldaron la homologación del tipo penal, pero advirtieron que sin presupuesto para fiscalías y policías la ley podría convertirse en “letra muerta”. Guadalupe Murguía (PAN) coincidió en que la falta de recursos limita la creación de unidades especializadas y la protección de víctimas.
Frente a las críticas, Javier Corral aclaró que la restricción presupuestal solo aplica al presente ejercicio fiscal y que los recursos serán programables en los siguientes años.
Nora Ruvalcaba (Morena) destacó que la ley permitirá una persecución más eficaz y homogénea. Lizeth Sánchez (PT) subrayó que la extorsión afecta la vida diaria y la dignidad de las personas, mientras que Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) afirmó que la expedición de esta ley general dará un marco legal uniforme y obligatorio en todo el país.
