La Misión Civil de Observación 2025 presentó su informe sobre los impactos del Tren Maya, señalando “graves e irreversibles violaciones a los derechos humanos y colectivos” en los tramos 5, 6 y 7, ubicados en Campeche y Quintana Roo. El reporte es resultado de un recorrido realizado en abril por especialistas y organizaciones que documentaron transformaciones en comunidades atravesadas por el proyecto ferroviario.
Entre los principales daños se destacan afectaciones ambientales, como la tala de aproximadamente 20 millones de árboles, destrucción de nidos de aves y vulneración del corredor biológico en la selva norte de Quintana Roo. El investigador Guillermo D. Christy señaló que los manifiestos de impacto ambiental omitieron reconocer la presencia del jaguar en la zona.
La antropóloga Giovanna Gasparello, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), advirtió que la operación del Tren Maya está acompañada de una fuerte presencia militar, que además participa en negocios turísticos mediante la empresa paraestatal Mundo Maya. Según la especialista, esta situación ha derivado en la ocupación de espacios públicos y una militarización que genera percepción de indefensión entre los habitantes.
El informe también documenta la creación de basureros, problemas hídricos y eléctricos en comunidades de Campeche, además de denuncias de fraudes vinculados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Los investigadores señalaron que no existen mecanismos civiles para denunciar estas irregularidades, debido a que el Ejército concentra el mando en la zona.
La Misión Civil alertó sobre el incremento de economías ilegales relacionadas con el tráfico de drogas, personas y prostitución, que se han expandido en la región. Estas actividades, según el reporte, afectan directamente el tejido social y representan un reto urgente para las autoridades.
