El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado a 11 años, cinco meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, tras el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
Así lo determinó este jueves la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que determinó darle una condena 23 años menor de lo que pedía la fiscalía, al considerar que sus intenciones golpistas no se concretaron.
El día de los hechos, Castillo emitió un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso —dominado por la oposición—, intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una inminente moción en el Legislativo para destituirlo tras indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, a los pocos minutos fue detenido, tras abandonar el Palacio de Gobierno de Lima y dirigirse a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo.
Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y enviado a la cárcel, donde permanece hasta ahora.
El exmandatario también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años, además de pagar una indemnización de 12 millones de soles.
La misma pena recayó sobre la exprimera ministra, Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada mexicana en Lima; de la misma manera, el exministro del Interior, Willy Huerta obtuvo dicha condena. Sin embargo, en este caso, quedará suspendida hasta que concluya una apelación.
Por su parte, el jefe de asesores de Pedro Castillo, Aníbal Torres, recibió seis años y ocho meses de cárcel, pero el tribunal lo dejó sin aplicación por razones humanitarias, debido a su avanzada edad, de 82 años.
