La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados finalizó el dictamen de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, informó el sábado el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). El dictamen será sometido a votación en Comisión el próximo miércoles 3 de diciembre, antes de pasar al Pleno.
Las modificaciones se realizaron tras acuerdos entre el gobierno federal, agricultores y transportistas, luego de jornadas de protestas que incluyeron bloqueos carreteros y tomas de casetas en distintos puntos del país. Los diputados revisaron 124 artículos y realizaron cambios significativos en 50 puntos, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, preservar la rectoría del Estado y equilibrar desarrollo económico con protección social.
El dictamen redefine conceptos como “reasignación” y “uso agropecuario familiar”, elimina la figura de “seguridad hídrica” como mecanismo de reducción de volúmenes y fortalece al Órgano Interno de Control. También otorga mayores facultades a los Organismos de Cuenca para concesiones y permisos, actualiza el Registro Público Nacional del Agua y establece obligaciones de inscripción para sistemas comunitarios y padrones agrarios.
La nueva ley incorpora el derecho humano al agua y al saneamiento, reconoce el acceso para consumo personal y doméstico, y establece obligaciones del Estado para prevenir y reparar violaciones a este derecho. Además, fortalece a los Organismos Operadores y fija un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen sus legislaciones.
Uno de los reclamos centrales de los agricultores fue la transmisión de concesiones de agua. El dictamen incluye mecanismos claros para heredar y transferir derechos, asegurando continuidad y certeza jurídica. Conagua deberá expedir nuevos títulos de concesión en un plazo máximo de 20 días hábiles en casos de sucesión, transmisión de dominio o fusión de sociedades.
El documento establece sanciones para quienes cedan o intercambien agua con un uso distinto al concesionado. Se prevé la suspensión o revocación de concesiones y se tipifican los “delitos contra las aguas nacionales”, diferenciando entre casos graves y actividades de uso personal o agropecuario familiar.
Monreal destacó la participación de distintos sectores sociales en la construcción del dictamen y reconoció la disposición de Conagua y del gobierno federal. Tras las manifestaciones, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron acuerdos que incluyen reforzar la seguridad carretera y revisar la iniciativa.
