En octubre de 2025, durante el 11.º Congreso Peatonal realizado por la Liga Peatonal y diversas organizaciones, el Puente Atirantado y la Glorieta 24 Horas en Pachuca, Hidalgo, obtuvieron el primer lugar del «antipremio» Robert Moses, reconocimiento a los peores proyectos de movilidad del país. Las obras fueron calificadas como hostiles para los peatones y un riesgo para la vida urbana.
El conjunto forma parte de la Supervía Colosio, desarrollada en el gobierno de Omar Fayad, actual embajador de México en Noruega. Conectan la ciudad de norte a sur y de este a oeste, en una zona de alta afluencia vehicular —más de 170 mil autos al día— y rodeada de centros comerciales, instituciones educativas y espacios recreativos.
Desde su construcción, organizaciones como Revolución Urbana advirtieron que el proyecto carecía de estudios técnicos y respondía más a un “capricho” que a una planeación integral. El costo se elevó de 402 a 500 millones de pesos debido al aumento en los precios del acero tras la pandemia.
A tres años de su inauguración, se han registrado 142 accidentes y cuatro atropellamientos entre marzo de 2022 y noviembre de 2025, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca. Comerciantes de la zona reportan hasta tres choques diarios, mientras estudiantes y usuarios del transporte público señalan el riesgo de transitar por cruces mal señalizados y con vehículos a alta velocidad.
Ante los reclamos ciudadanos y el «antipremio» recibido, el gobierno de Hidalgo anunció una inversión inicial de 50 millones de pesos para intervenir la Glorieta 24 Horas. Alejandro Sánchez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible, reconoció que en las obras “falló la planeación para la seguridad del peatón” y que se priorizó al vehículo.
Las adecuaciones contemplan la reducción de carriles, construcción de retornos, instalación de nueve pasos peatonales elevados y reubicación de paraderos de transporte público, bajo la Norma Oficial Mexicana 004 de 2023 sobre diseño y construcción de vías urbanas.
Activistas como Luis Licona señalan que las obras han generado afectaciones en la salud pública, el tejido social y la economía local. Los accidentes, la contaminación y la dificultad de acceso han reducido la interacción comunitaria y el flujo comercial en la zona.
Organizaciones como Derechos Urbanos advierten que proyectos de movilidad mal diseñados “vuelven las calles más violentas” y ponen en riesgo a los usuarios más vulnerables: peatones, infancias y personas con discapacidad.
