El Tribunal Supremo de Israel dictaminó este domingo, por unanimidad, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no tiene derecho a modificar el mecanismo de destitución de la fiscal general. Con esta decisión, la abogada Gali Baharav-Miara podrá seguir desempeñando su cargo legalmente.
La sentencia, emitida por un panel ampliado de siete jueces, anuló dos resoluciones gubernamentales que buscaban alterar el mandato de la fiscal general y destituirla. El fallo responde a una apelación presentada por el Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, respaldada por más de 30,000 ciudadanos.
El 4 de agosto, el gabinete israelí votó por unanimidad la destitución de Baharav-Miara, intensificando el enfrentamiento entre el poder judicial y Netanyahu. El primer ministro la acusaba de exceder sus funciones y bloquear algunas de sus políticas, entre ellas la remoción del jefe de la agencia de inteligencia doméstica, el Shin Bet.
El Tribunal Supremo congeló la medida mientras evaluaba su legalidad y finalmente la declaró ilegítima. El grupo prodemocracia que impulsó la apelación calificó el dictamen como “histórico” y destacó que preserva la democracia israelí.
En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento es unicameral, el fiscal general actúa como contrapeso al Ejecutivo. Su mandato incluye proteger el Estado de derecho y supervisar la actuación de los ministros.
La relación entre Netanyahu y Baharav-Miara ha sido tensa desde que el primer ministro fue imputado en 2019 por tres casos de corrupción. Tras su regreso al poder en 2022, los enfrentamientos se intensificaron, ya que Baharav-Miara fue nombrada por el Gobierno anterior ese mismo año.
Los aliados de Netanyahu, pertenecientes a la ultraderecha, consideran a la fiscal general como un actor supragubernamental que limita su visión de un Estado judío pleno en Israel y Cisjordania. La decisión del Supremo refuerza la independencia judicial frente a las presiones del Ejecutivo.
