Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro negó a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión contra cuatro personas señaladas como parte de una red criminal dedicada a delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol, en la que figura el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, quien busca ser testigo protegido.

La decisión se tomó al considerar que los elementos presentados en la carpeta de investigación no fueron suficientes para girar la orden de captura. No obstante, la FGR tiene la posibilidad de impugnar la resolución, lo que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Apelación.

Las cuatro personas señaladas son:

  • Paul Manrique Miranda o Paul Manríquez Miranda, alias El Comandante.
  • Jeny Guzmán Cintora, esposa de Jacobo Reyes León (Yaicob), líder de la organización y excandidato del extinto PRD.
  • Diego Adrián Mendoza Pérez, exasistente en la FGR de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, actualmente detenida.
  • Jorge Alberto Gallegos Díaz, alias Gallegos.

La causa penal 495/2025 detalla que Paul Manrique Miranda habría ejercido como comandante en la FGR, acusado de extorsionar huachicoleros y de proveer información a la organización criminal. En el caso de Mendoza Pérez, se le relaciona con reuniones y entregas de dinero vinculadas a Ramírez Rodríguez, aunque los informes no aportan pruebas concluyentes sobre su participación directa.

Respecto a Guzmán Cintora, la fiscalía la señala como operadora financiera y prestanombres de empresas utilizadas para el presunto lavado de dinero, mientras que Gallegos es identificado como responsable de inyectar capital en la importación de combustible desde Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, el juez concluyó que no existen datos de prueba objetivos que sustenten las acusaciones.

Los informes policiales y las intervenciones de comunicaciones aportadas por la fiscalía fueron considerados insuficientes, al tratarse de referencias aisladas sin corroboración documental o financiera. Por ello, el juez determinó que no se cumplían los requisitos para emitir las órdenes de aprehensión.

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