La diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, integrante de Morena, presentó una iniciativa que propone despenalizar la muerte asistida en México. La medida aplicaría a personas mayores de 18 años que lo soliciten por escrito, bajo supervisión médica y con autorización de la Secretaría de Salud.
La propuesta establece que el procedimiento deberá informarse al Comité de Bioética, encargado de evaluar la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud. El proyecto plantea reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, con el objetivo de regular la eutanasia y el suicidio asistido en el país.
De acuerdo con el documento, la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos que definan requisitos, formatos y tiempos de reflexión antes de aprobar y ejecutar el procedimiento. Además, se precisa que el médico autorizado podrá negarse a realizarlo, en cuyo caso la institución deberá asignar a otro profesional no objetor de conciencia.
La iniciativa define la muerte asistida como la “terminación intencional de la vida”, practicada por personal médico autorizado a solicitud expresa de la persona. Incluye dos modalidades:
- Eutanasia: actos intencionales realizados por un médico para terminar la vida del paciente, previa aprobación de la autoridad competente.
- Suicidio asistido: el médico proporciona los medios para que el paciente ejecute el procedimiento por sí mismo, también con autorización oficial.
Aunque en México la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos, la Encuesta Nacional de Opinión sobre el derecho a morir con dignidad 2022 reveló que el 68.6 % de los encuestados considera que las personas en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte. Asimismo, el 72.7 % opinó que las leyes deben cambiar para permitir ayuda médica en estos casos.
A nivel mundial, países como Suiza, Bélgica, Países Bajos, Canadá, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda cuentan con regulaciones en la materia. En América Latina, Colombia y Ecuador han despenalizado la eutanasia mediante resoluciones judiciales.
