El certamen de Miss Universo enfrenta un nuevo obstáculo que pone en riesgo su edición de 2026. El gobierno de Puerto Rico, país anunciado como el próximo anfitrión, ha decidido suspender temporalmente su apoyo financiero y logístico hasta que la organización internacional aclare su situación legal y administrativa.
La gobernadora Jenniffer González expresó su preocupación ante los recientes escándalos que involucran a los propietarios de la marca, señalando que la importancia y el prestigio del concurso se han visto seriamente afectados.
Suspensión de pagos y exigencias de transparencia
Como medida inmediata, la Compañía de Turismo de Puerto Rico detuvo el desembolso de 1.5 millones de dólares destinados a la organización del evento. La directora de la institución, Willianette Robles, explicó que la prioridad es proteger los fondos públicos y asegurar que el certamen opere bajo estándares éticos.
Las condiciones impuestas por el gobierno puertorriqueño incluyen:
- Nueva estructura interna: Presentar información detallada sobre quiénes serán los nuevos ejecutivos encargados de la operación.
- Garantías legales: Aclarar el impacto de las investigaciones contra sus dueños: la orden de arresto contra el mexicano Raúl Rocha Cantú (por presunto crimen organizado) y el proceso por fraude contra la tailandesa Anne Jakrajutatip.
- Revisión de cláusulas: Evaluar todos los términos del contrato de sede para ajustarlos a la realidad actual del organismo.
Un certamen bajo asedio judicial
La incertidumbre en Puerto Rico se suma a una cadena de crisis globales para Miss Universo. Hace apenas unas semanas, la organización cerró sus oficinas en México y trasladó sus operaciones a Nueva York tras denunciar «ataques políticos».
Además, persiste la polémica sobre el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, envuelto en acusaciones de favoritismo, y la reciente salida de JKN (empresa de Jakrajutatip) del mercado de valores de Tailandia por malversación de fondos.
El futuro de Miss Universo 2026 pende de un hilo. La reunión clave en enero de 2026 entre los directivos del certamen y el gobierno de Puerto Rico determinará si la isla se mantiene como sede o si el concurso deberá buscar un nuevo hogar en medio de su crisis institucional más profunda.
