La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró en su primera semana de sesiones, el proyecto que analizaría la constitucionalidad de la reforma aprobada en Aguascalientes para reducir de 12 a seis semanas el plazo legal de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La decisión fue tomada sin anunciar una nueva fecha de discusión, lo que generó preocupación entre organizaciones civiles.
Católicas por el Derecho a Decidir México señaló que esta postergación mantiene la incertidumbre jurídica y médica para las mujeres de Aguascalientes, quienes desde agosto de 2024 enfrentan restricciones tras la reforma aprobada por el Congreso local. Aidé García Hernández, directora de la organización, lamentó que la Corte no haya iniciado el proceso de análisis, pese a que la acción de inconstitucionalidad fue promovida desde 2024 por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La reforma estatal modificó el Código Penal y una ley relacionada con la protección de la vida desde la concepción. El proyecto, a cargo del ministro Irving Espinosa, buscaba impedir que legisladores locales redujeran el plazo legal para abortar, en contraste con la sentencia de 2023 que declaró la despenalización del aborto en todo el país y obligó a los Congresos estatales a garantizar la IVE hasta la semana 12.
Aunque no se dieron razones oficiales sobre el retiro del asunto, se presume que existieron presiones de la Iglesia católica y de figuras políticas del Partido Acción Nacional (PAN). La arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar” la vida humana, mientras que Espinosa aclaró que el proyecto no pretendía permitir el aborto en cualquier momento del embarazo, sino evitar que se redujera el plazo ya establecido.
Actualmente, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto hasta la semana 12, en cumplimiento con la sentencia de la Corte. Aguascalientes y Sinaloa son las excepciones, con plazos de seis y trece semanas respectivamente, lo que mantiene un debate abierto sobre la armonización de las leyes estatales con el marco constitucional.
