El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, permanece en estado de abandono pese a haber sido intervenido por autoridades federales en marzo de 2024, cuando se hallaron más de 400 pares de zapatos y prendas. La denuncia fue realizada por Raúl Servín, vocero del colectivo ‘Guerreros Buscadores de Jalisco’, quien señaló que el sitio no muestra trabajos periciales activos.
La denuncia fue acompañada de imágenes captadas con un dron que muestran el predio con maleza crecida y sin indicios de intervención oficial. Aunque el lugar sigue bajo resguardo de la Guardia Nacional, el colectivo asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) dejó inconclusas las diligencias desde hace meses.
Servín explicó que las fotografías fueron obtenidas por un colaborador que sobrevoló la zona. “Si hubiera trabajos, el terreno estaría limpio de alguna manera, pero no lo está”, afirmó, al señalar que las lluvias del año pasado fueron utilizadas como justificación para suspender las labores.
El colectivo emitió un comunicado público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que aseguró que el Rancho Izaguirre “no fue un rancho más”, sino un sitio donde presuntamente se cometieron graves violaciones a derechos humanos, incluyendo privación ilegal de la libertad y asesinatos sistemáticos.
‘Guerreros Buscadores de Jalisco’ acusó abandono institucional, falta de cateos suficientes y ausencia de líneas de investigación. También advirtió sobre presuntas filtraciones de información desde la FGR hacia el crimen organizado, lo que habría permitido que personas detenidas impugnen sus procesos con riesgo de quedar en libertad.
El colectivo señaló la negativa reiterada de acceso a la carpeta de investigación y responsabilizó al director del área de Personas Desaparecidas, Ricardo Flores, por presuntas omisiones. Además, alertó que testigos clave no fueron escuchados y que algunos tuvieron que salir del país por temor a represalias.
Finalmente, el grupo pidió la intervención directa de la presidenta Sheinbaum para evitar que el caso quede impune. “No queremos que la verdad se entierre”, señalaron, advirtiendo que mientras el rancho permanece sin atención, continúan las desapariciones y el reclutamiento de jóvenes en la región.
