La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechazó este lunes la petición de Julio Iglesias para intervenir en la investigación abierta por presuntas agresiones sexuales. El organismo determinó que el intérprete no puede acceder al contenido de la denuncia ni participar en las diligencias actuales. Esta fase inicial busca corroborar la veracidad de los testimonios presentados por dos extrabajadoras antes de otorgar una condición formal de sospechoso.

El proceso se deriva de una denuncia por acoso y agresión sexual que habría ocurrido en 2021 en República Dominicana y Bahamas. Las demandantes entregaron a las autoridades grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas como evidencia de los presuntos abusos y vejaciones laborales. Debido al carácter secreto de estas investigaciones preprocesales, la defensa del artista se mantiene al margen de las actuaciones judiciales directas.

José Antonio Choclán, representante legal de Iglesias, solicitó el archivo inmediato del caso y su personación para acreditar la falsedad de las imputaciones. El jurista argumentó que estas acciones penales son abusivas y forman parte de una campaña mediática que daña el honor del cantante. Sin embargo, la Fiscalía respondió que solo permitirá el acceso a la investigación cuando existan indicios suficientes para atribuirle una responsabilidad penal concreta.

Por su parte, Julio Iglesias utilizó sus redes sociales para negar categóricamente cualquier acto de coacción o falta de respeto hacia las mujeres. En un comunicado oficial, el artista defendió su integridad frente a las acusaciones vertidas por su antiguo personal doméstico. La resolución definitiva sobre si el caso avanzará a un juicio formal dependerá de los hallazgos que la Fiscalía realice durante las próximas semanas de indagatoria.

La decisión judicial marca un momento crítico para la imagen pública del icono de la balada en español a sus 82 años. Mientras la defensa espera una oportunidad para ejercer su derecho, las autoridades evalúan si los hechos ocurridos en el extranjero pueden ser juzgados bajo la jurisdicción española. Este conflicto de competencias resultará fundamental para determinar el futuro legal de una de las figuras más grandes de la música internacional.