La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, tiene seis meses para terminar las indagatorias y concluir la carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre del año pasado; los tres detenidos por los hechos se reservaron su derecho a declarar y fueron representados por un defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
La resolución fue emitida por Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, quien estableció que el Ministerio Público deberá presentar, a más tardar el 28 de julio de este año la acusación formal contra los imputados.
Durante la audiencia, la jueza vinculó a proceso a Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren accidentado, y a Ricardo Mendoza Cerón, quien se desempeñaba como jefe de despachadores, por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas relacionados con el siniestro.
Tras ello, fueron ingresados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”, en Cintalapa.
En la audiencia se dio a conocer que Ricardo Mendoza Cerón padece de colon irritable y tiene que hacerse lavados diarios y tomar el medicamento Metformina, por lo que la jueza instruyó al director de “El Amate” para que tome las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud del imputado y procurar que no se vulneren sus derechos fundamentales.
