El reportaje de The New York Times detalla que la planta de Lake City, propiedad del Gobierno estadounidense y operada por contratistas privados (actualmente Olin Winchester), es la principal fuente de cartuchos de alto calibre que utilizan organizaciones criminales en México.
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) identificó que uno de cada tres cartuchos calibre .50 incautados en escenas del crimen en México proviene de esta planta. Los casquillos, marcados con las siglas “LC”, han sido hallados en ataques contra policías, militares y civiles.
El diario señala que al menos 16 minoristas en línea en Estados Unidos comercializan legalmente estas municiones, incluyendo variantes incendiarias y perforantes. Intermediarios las adquieren en el mercado civil y las trasladan de forma ilícita hacia México.
Los cartuchos calibre .50, diseñados para atravesar blindajes y destruir vehículos, han sido utilizados en masacres y en el derribo de aeronaves oficiales. Su potencia, combinada con rifles Barrett, ha permitido que grupos criminales igualen o superen el poder de fuego de las autoridades mexicanas.
Pese a la evidencia del tráfico ilegal, el Ejército de Estados Unidos defiende las ventas comerciales de la planta. Argumenta que estas operaciones permiten mantener la infraestructura activa y reducen costos de producción, generando un ahorro anual cercano a 50 millones de dólares.
La investigación de The New York Times subraya una paradoja: mientras el Gobierno de México compra legalmente municiones en Lake City para sus Fuerzas Armadas, los cárteles acceden al mismo tipo de cartuchos a través del mercado civil estadounidense. Esto ha fortalecido el poder de fuego del crimen organizado en el país.
