El 6 de febrero fueron encontrados sin vida cuatro de los diez trabajadores mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa. Las víctimas, identificadas como Antonio de la O Valdez (36 años, originario de Chihuahua, supervisor de medio ambiente), Ignacio Aurelio Salazar Flores (40 años, de Zacatecas, geólogo), José Manuel Castañeda Hernández (43 años, de Taxco, Guerrero, geólogo), José Antonio Jiménez (Sonora) y José Ángel Hernández Vélez (38 años, de Zacatecas, ingeniero industrial), fueron halladas en una fosa clandestina cerca de la comunidad El Verde, lugar donde desaparecieron el pasado 23 de enero.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, adscritas al Servicio Médico Forense de Mazatlán, tras las pruebas forenses de rigor, entre ellas las de ADN, se confirmó la identidad de los cuatro trabajadores.
Los mineros fueron privados de la libertad por una célula delincuencial cuando salían del campamento donde vivían para dirigirse a su trabajo en los yacimientos concesionados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp.. La empresa, desde Vancouver, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida de sus trabajadores y expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros, asegurando que su prioridad sigue siendo la recuperación segura de quienes permanecen desaparecidos.
Aunque se presume que en la fosa clandestina de El Verde fueron localizados los cadáveres de los diez mineros raptados, las autoridades no han confirmado el número exacto de cuerpos hallados. Madres buscadoras que acudieron al sitio señalaron que integrantes de la Guardia Nacional les dijeron que había “muchos cuerpos”, lo que ha alimentado la especulación de que se trata de un “cementerio clandestino”.
La desaparición y asesinato de los trabajadores ha generado gran preocupación en la región, donde colectivos de búsqueda y familiares han exigido transparencia y justicia, denunciando el hermetismo y la lentitud de las autoridades en el caso.
