El Gobierno de México informó que ha recuperado 1,126 concesiones mineras, equivalentes a 889,502 hectáreas, como parte de su política de revisión del sector extractivo. El anuncio fue realizado por José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía (SE), durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
La medida responde a incumplimientos legales por parte de concesionarios, principalmente por falta de pago de derechos y omisión de informes estadísticos y de obras. Según la legislación vigente, un retraso de dos años en el pago de derechos es motivo de cancelación, así como la ausencia de reportes que acrediten actividad en los proyectos.
De las hectáreas recuperadas, cerca de 250 mil corresponden a áreas naturales protegidas, lo que refuerza la política ambiental del Gobierno. Aboitiz Saro destacó que también se han registrado devoluciones voluntarias de concesiones, producto del diálogo con la industria minera, aunque estas representan un número menor dentro del total.
Las cancelaciones se han realizado en casi todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados que no cuentan con actividad minera significativa. Las mayores reducciones se concentran en entidades tradicionalmente mineras como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, donde se ha detectado mayor número de concesiones sin actividad productiva.
El Gobierno mexicano ha impulsado en los últimos años una política minera enfocada en el control administrativo de concesiones, la protección ambiental y el combate a la especulación sobre terrenos concesionados sin actividad. Según Aboitiz Saro, la falta de informes y pagos convierte a estos bienes en “ociosos”, utilizados únicamente para fines especulativos.
