Por: Marco Cerón / Síntesis Hidalgo
Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutaron un operativo judicial de restitución en la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en Tula, en acato a una orden emitida por un juez federal, mientras autoridades estatales resguardaron el área perimetral para que se ejecutara dicha diligencia.
El operativo inició la madrugada de este jueves 12 de febrero, cuando llegaron patrullas de los municipios de la región Tula-Tepeji.
Aunque testigos afirmaron que escucharon varias detonaciones por arma de fuego las autoridades no confirmaron que haya ocurrido.
Durante varias horas continuó el operativo en el sitio y desde el interior del edificio, el grupo que se encontraba dentro lanzó bombas con gas y cohetones para tratar de ahuyentar a las autoridades policiales.
Al corte de las 14:20 horas, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó que no había detenidos por dichos ataques.
Después, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez Rangel, confirmó mediante un video difundido en redes sociales la orden judicial y aseguró que se recuperarán las fuentes de empleo, además de hacer un llamado a la paz social.
“Tengan la certeza de que hoy comienza una nueva etapa de diálogo, en la que juntos trabajaremos por la recuperación de empleos y la reactivación económica de la planta y de todo el municipio”, señaló.
Explicó que se trata de un proceso de refundación de la cooperativa y aseguró que durante cinco años la empresa estuvo secuestrada. Refirió que pese a ello, se obtuvieron logros en los rubros industrial, hotelero, hospitalario, deportivo, educativo y comercial, entre otros.
Antecedentes del problema entre grupos de la cementera
El conflicto comenzó en el año 2020, cuando se hizo público que cooperativistas denunciaron irregularidades financieras por el uso indebido de recursos por parte de directivos de la empresa; entre ellos se encontraba involucrado Guillermo Álvarez Cuevas.
Posteriormente la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Cuevas por dichos delitos, incluido el de delincuencia organizada y en 2022 fue detenido por autoridades ministeriales en la Ciudad de México. Un juez lo vinculó a proceso, por lo que permanece en prisión preventiva.
Tras su salida se generaron disputas por el control de la empresa, lo que provocó cambios en la estructura directiva tanto de la cementera como del club de futbol, iniciando una nueva etapa en la administración.
En 2021, un grupo ligado al exdirigente Federico Sarabia impidió el acceso a integrantes de la cooperativa, lo que ocasionó enfrentamientos entre cooperativistas.
Posteriormente, Sarabia fue detenido al enfrentar cargos por secuestro de instalaciones, despojo, fraude, venta ilícita de cemento y otros bienes, por lo que fue trasladado a un reclusorio al sur de la Ciudad de México.
Entre los detenidos relacionados con el conflicto se encuentra Víctor L. R., quien apoyaba a Sarabia, acusado del delito de fraude genérico; Rodolfo S. G. T., quien se desempeñó como abogado y fue detenido por asociación delictuosa; el exsocio Ignacio M. R., por fraude; además de Víctor G., exdirector jurídico, detenido por delitos similares. Así como Guillermo M.M. quien se desempeñaba como gerente de logística y distribución.
