El cantante español Julio Iglesias presentó una demanda por injurias contra la vicepresidenta segunda de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, luego de que calificara como “escalofriantes” los testimonios de mujeres que lo acusaron de presunto abuso sexual.

La acción judicial se produce después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara las denuncias presentadas por dos ex trabajadoras del artista, al considerar que España no tiene competencia para investigar hechos que presuntamente ocurrieron en 2021 en República Dominicana y Bahamas.

Según la prensa local, el escrito presentado por la defensa del intérprete —cuyo nombre completo es Julio Iglesias de la Cueva— sostiene que la líder de Sumar realizó manifestaciones “injuriosas” al señalarlo directamente como “abusador sexual” y al referirse a una supuesta situación de “esclavitud” con una “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Díaz compartió el pasado 13 de enero en la red social Bluesky una noticia sobre las acusaciones y añadió un comentario en esa línea. También abordó el tema en una entrevista en Televisión Española (TVE).

En la demanda de conciliación —paso previo a una querella por calumnias o injurias—, el cantante exige que la ministra se retracte públicamente y solicita una indemnización por los daños que, asegura, se le han causado en función de la difusión de las declaraciones.

La Fiscalía archivó el caso sin pronunciarse sobre el fondo de los hechos denunciados, al argumentar que “España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con el país”.

El escrito señaló que no consta que las autoridades de República Dominicana o Bahamas hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o estén imposibilitadas para hacerlo.

Tras conocerse el archivo, Iglesias declaró al portal OkDiario que le habían “jodido la reputación” con un daño “irreparable”. Por su parte, las denunciantes afirmaron, a través de Women’s Links, que continuarán buscando justicia por las vías legales disponibles.

El caso abre ahora un nuevo frente judicial centrado en la presunta afectación al honor del artista, mientras las denuncias originales permanecen archivadas en España.