Dos funcionarios del Gobierno municipal de Ayutla, Guerrero, fueron asesinados en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán. Las víctimas, identificadas como Tomás Augusto Lozano Analco (comisionado de Obras Públicas) y Francisco Bonilla (contador), regresaban de una reunión en Chilpancingo cuando fueron atacadas.
El hecho fue confirmado por organizaciones sociales, quienes señalaron que con estos asesinatos suman cuatro funcionarios locales muertos en la entidad durante la semana. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Chilpancingo, donde permanecieron bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado mientras familiares realizaron el reconocimiento.
El ataque se dio en un escenario de tensión armada entre policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quienes mantienen enfrentamientos contra el grupo delictivo conocido como «Los Ardillos».
El lunes 3 de marzo también se registró otro hecho violento en Guerrero: la directora de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, y el funcionario Fulgencio Salgado Sánchez fueron asesinados en la carretera Chilapa-Tlapa.
Ante estos sucesos, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, descartó que se trate de asuntos políticos y los atribuyó al “fenómeno de violencia que se vive a nivel nacional”.
