El organismo internacional destacó que el derecho internacional tipifica como crimen de lesa humanidad los ataques sistemáticos contra civiles, independientemente de si son organizados desde las altas esferas del gobierno.
En México, la crisis se refleja en más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos encontrados en fosas clandestinas, la mayoría sin identificar. El Comité lamentó que, pese a medidas adoptadas desde 2021, no haya mejoras sustanciales y urgió reformas estructurales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe, calificándolo de tendencioso y carente de rigor jurídico. Señaló que los datos no corresponden a la definición de desaparición forzada de la propia ONU y que omiten avances logrados desde 2019, especialmente tras reformas aprobadas en 2025.
Entre estas reformas destacan la Alerta Nacional de Búsqueda, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
El Comité indicó que muchas desapariciones ocurren en el contexto de la “guerra contra las drogas”, con sospechas de participación de grupos delictivos y, en algunos casos, de funcionarios públicos.
Por su parte, la SRE subrayó que el Gobierno de México “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y que las conclusiones del Comité se basan en hechos ocurridos principalmente entre 2009 y 2017, en cuatro estados, sin pruebas de una política federal actual para cometerlas.
