La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la Ley de Amnistía ha dejado de aplicarse, apenas dos meses después de su promulgación. La medida, que pretendía facilitar la excarcelación de presos políticos y contribuir a la reconciliación nacional, fue cancelada mientras aún permanecen alrededor de 500 personas detenidas por razones políticas, según estimaciones de ONG.
La comisión parlamentaria encargada de dar seguimiento a la norma reportó que hasta el 22 de abril recibió 12,187 solicitudes válidas, de las cuales 8,616 personas obtuvieron libertad plena. Rodríguez señaló que los casos pendientes serán evaluados por el programa de Paz y Convivencia Democrática y por la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, dirigida por el fiscal general Larry Devoe.
Organizaciones como Acceso a la Justicia advirtieron que la derogación viola la Constitución, ya que la Ley de Amnistía no establecía límites temporales para su aplicación. Provea calificó la decisión como “arbitraria e inconstitucional”, subrayando que no contribuye al proceso de convivencia y paz anunciado por el gobierno.
El Foro Penal, por su parte, señaló que la falta de voluntad del Ejecutivo y del Parlamento limitó el alcance de la norma. La ONG registra 473 presos políticos, incluidos 43 extranjeros, entre ellos el abogado argentino Germán Giuliani. Desde enero de 2026 se han producido 768 excarcelaciones, pero solo 186 derivadas de la amnistía.
Justicia, Encuentro y Perdón estimó que los presos políticos alcanzan los 672, aunque la ausencia de cifras oficiales dificulta un registro consolidado. La organización lamentó que la ley se convirtiera en un ejercicio de retórica política más que en un instrumento real para garantizar la libertad.
