Una semana después de los ataques del crimen organizado en Chilapa de Álvarez, Guerrero, varias comunidades continúan vacías. Los hechos ocurrieron a inicios de mayo en el poblado nahua de Tula, donde drones lanzaron artefactos explosivos que destruyeron viviendas y provocaron el desplazamiento de cientos de habitantes.
El gobierno de México confirmó que los ataques dejaron decenas de casas calcinadas, animales muertos y familias refugiadas en localidades cercanas. Ante la emergencia, se habilitaron mesas de diálogo entre comisarios ejidales y autoridades federales y estatales, con el objetivo de construir condiciones de paz y convivencia en la región.
Habitantes como Anastasia, originaria de Xicotlán, relatan la pérdida de su patrimonio y el temor de regresar: “Aquí andamos como perros callejeros, como si no tuviéramos casa”. Aunque el gobierno federal prometió apoyo para reconstruir viviendas, muchos pobladores aún dudan en volver por miedo a nuevos ataques.
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, cerca de mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano fueron desplegados en Chilapa para reforzar la seguridad. Las autoridades buscan frenar la violencia atribuida a la disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos.
El conflicto no es reciente. El Concejo Indígena Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) ha denunciado ataques constantes durante la última década, con un saldo de 76 integrantes asesinados y 25 desaparecidos. La violencia ha generado desplazamientos, bloqueos y comunidades aisladas en la región, que cuenta con alrededor de 120 mil habitantes, en su mayoría indígenas nahuas.
