Fiscales de España y Alemania se reunirán en privado este miércoles en La Haya, Holanda, para dialogar sobre la situación legal del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y estudiar la posibilidad de una eventual entrega y posterior juicio por los delitos de rebelión o sedición y no sólo por malversación, como se planeaba al principio.
Al cónclave asisten algunos de los miembros del ministerio público que intervienen como parte en la instrucción del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra los líderes separatistas.
Además de funcionarios del land (estado) al que pertenece el tribunal regional de Schleswig–Holstein, de menor rango que el Supremo español -el cual vetó, de momento, que Puigdemont sea entregado a España por rebelión-, así como coordinadores de cooperación judicial europea.
Los fiscales alemanes esperan pruebas de que el expresidente de la Generalitat participó en la presunta malversación de 1.6 millones de euros que se le atribuye a los separatistas.
Así como datos concretos de delitos de rebelión y malversación, tales como actos violentos de los cuales se han documentado al menos 300, según el diario El País.
Dicha reunión tendrá lugar en La Haya porque ahí es la sede del Eurojust, el órgano de cooperación judicial entre los países miembros de la Unión Europea.
Con ella se busca además no desgastar al juez Llarena en el laberinto jurídico que envuelve ahora la entrega de Puigdemont. Son los fiscales (también los alemanes) los que tienen el cometido de defender la petición de España ante dicho tribunal regional.
