Primer acto. El pasado fin de semana, a plena luz del día, las oficinas nacionales del PRI lucían una concurrencia multitudinaria (ya la quisiera Mead para sus mítines). Los motivos pronto serían del dominio público: un pago de 10 mil pesos por coordinador y de mil pesos por cada “acarreado” dispuesto a dejar una fotocopia de su credencial de elector y la promesa de votar por los candidatos del PRI.
Queda a la venia del lector las opciones de reír o llorar ante la excusa de la dirigencia priista de que se trataba de apoyos por concepto de capacitación. Más allá de eso, y a la vista de la incapacidad de Mead para salir del tercer lugar y la enorme distancia que le separa del puntero, emerge la duda de si eligieron echar su dinero a la basura o actúan bajo la creencia de que pueden ganar.
Segundo acto. A través de las redes sociales se propala un vídeo que ofrece nuevos indicios y fortalece la sospecha de que Anaya ha incurrido de tiempo atrás y de manera sistemática en delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias. Se trata de un nuevo y quirúrgico golpe a las aspiraciones de Anaya, en un momento en que su campaña estaba varada en el segundo lugar.
Tercer acto. El pasado lunes, el todavía panista Ernesto Cordero, férreo opositor a Anaya y beneficiario de los apoyos del PRI para arribar a su actual encargo como Presidente del Senado de la República, interpone una demanda penal en contra de Ricardo Anaya, para que se investigue su probable responsabilidad en los señalamientos del mencionado vídeo.
¿Cómo se llama esta tragicomedia? Respuesta: el prianosaurio, que se resiste a morir, mueve sus tentáculos.
Por si alguna duda quedaba, el mismo lunes el “jefe” Diego colocó la cereza en su pastel, al declarar el estado de emergencia del régimen y que la prioridad era establecer un acuerdo con quien fuera para “no entregar el país a un loco, enfermo, psicópata”. De ese tamaño se las gasta ese senil y autodenominado demócrata, como si el país fuese de la partidocracia y de la casta empresarial que ha operado como beneficiaria de los negocios al amparo del poder.
No parece haber mucho de accidental en la confluencia de los tres actos y la declaración de Diego, uno de los padres fundadores del arreglo buro-empresarial que hoy agoniza. La cercanía con el tercer debate hace suponer que hay una decisión calculada de utilizarle como momento de arranque de echar toda la carne al asador, con la esperanza de que el tiempo y sus recursos financieros les alcancen para una remontada improbable.
No es difícil dar con el par de condiciones necesarias para que tal estrategia pudiese fructificar: primera, forzar inmediatamente una alianza de facto entre el PRI y el PAN, orientada a aglutinar el voto anti-AMLO; y segunda, disponer de una formidable maquinaria para el acarreo y la compra de voto el día “D” y de una no menos formidable bolsa de dinero en efectivo para financiarla.
Como se sabe, el pleito “carnal” entre EPN y Anaya ha sido y sigue siendo el factor disruptivo y principal obstáculo a la reconciliación prianista. Peor aún, la sorprendente capacidad de Anaya para aferrarse a su segundo lugar en las preferencias electorales opera como su principal asidero a los empresarios y su postura de encabezar, si se diere, la alianza anti-AMLO.
Como también se sabe, es genuino el odio de EPN hacia Anaya, de tal suerte que no es esperable que el PRI y la presidencia movilicen su capacidad de acarreo y compra de votos a favor de un candidato al que EPN y su círculo cercano aborrecen.
En medio de todo esto, el tiempo es quizás la variable más crítica en la estrategia de remontada del prianosaurio. Precisamente, los tres actos de esta obra abonan a favor de la hipótesis de que la primera víctima de los coletazos tiene nombre y apellido: Ricardo Anaya. La escalada del senador Ernesto Cordera en su contra, que podría extenderse a sus familiares y amigos, tiene todos los visos de apuntar hacia la encrucijada de una capitulación (abierta o soterrada) o las consecuencias de una persecución judicial.
No está claro el rumbo por el que se enfilará Ricardo Anaya. Probablemente, en su oído derecho resoplará el consejo de capitulación a favor del PRI en voz de Diego Fernández de Cevallos. Quizás en su oído izquierdo resoplará el consejo de Jorge Castañeda, de que las condiciones están dadas para que fortalezca su imagen como el candidato “anti-sistema”, el opositor al pacto de impunidad, y dinamite los puentes de entendimiento con el priismo. Lo que es bastante probable es que el debate ofrezca múltiples claves para desenredar la madeja.
En el supuesto de que el igualmente probable que improbable escenario del pacto de reconciliación prianista se materializara, cobra sentido un par de interrogantes: primera, ¿cuáles serían las implicaciones políticas del despliegue el día “D” de la más poderosa y abierta embestida de acarreo y compra de votos de la historia contemporánea?; y segunda, ¿de qué tamaño sería su impacto en los resultados electorales?
De ser el caso, puede darse por descontado que, dada su naturaleza y restricciones de tiempo, el acarreo y la compra de voto tendrían que hacerse virtualmente a la luz pública o con escaso cuidado. No hay que dar por descontado que el operativo abierto en las oficinas del PRI haya sido intencional y como una prueba piloto de las reacciones.
Ya luego si eso da, como dice Diego Fernández, para “no entregarle el país” a AMLO, probablemente con un resultado electoral apretado, vendría la pregunta tétrica: ¿habría poder humano suficiente para amarrar al tigre?
*Analista político
@franbedolla
