Tras la ola de protestas, dentro y fuera de Estados Unidos, por la separación de niños y familias migrantes sin papeles ha forzado a Donald Trump a dar marcha atrás en esta política. La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos, provocado la condena del Papa, la reprobación de Naciones Unidas y el rechazo de otros Gobiernos, como el de Reino Unido. Trump ha explotado electoralmente el discurso antiinmigración con éxito y sin contemplaciones hasta ahora, pero el golpe a la infancia ha roto finalmente una costura.
“Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante. Voy a firmar algo pronto sobre inmigración que va a hacer eso”, confirmó Trump esta mañana preguntado por el asunto, después de que tanto la cadena Fox como la agencia de noticia Associated Press adelantasen que el Gobierno estaba trabajando en algún decreto que evitase la separación de menores y sus familiares adultos migrantes irregulares en la frontera. De confirmarse, se trataría de una rectificación en toda regla del presidente de EE UU, quien siempre saca pecho por su dureza negociadora y había tomado el drama de los niños sin papeles como moneda de cambio para lograr una legislación migratoria más dura.
EE UU ha empezado a separar de forma generalizada a las familias que intenta entrar ilegalmente en esta primavera, después de un cambio de criterio de la fiscalía por el cual todo inmigrante indocumentado se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal, aunque no tenga antecedentes penales, por eso los niños no pueden seguir junto a ellos y son separados.
La crisis estalló en la opinión pública en los últimos días, cuando se hizo público que en el lapso de apenas seis semanas la Administración había separados a casi 2.000 niños, a veces bebés, de sus progenitores o familiares adultos. Trump ha estado justificación que la medida no implicaba más que el cumplimiento de la ley y que era responsabilidad de los legisladores cambiarlo con una nueva normativa. Pero esta práctica no responde a ninguna legislación, de hecho no fue llevada a cabo en el pasado de esta forma por los nteriroes presidente, sino al cambio al criterio de «tolerancia cero» de la fiscalía anunciado en abril.
