Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes prenden las alertas en México, porque cada día son cuatro los menores a los que se les pierde el rastro, según denuncia la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La violencia en contra de esta población altamente vulnerable ha llegado ya a niveles terroríficos, como el robo de bebés que implica el secuestro y asesinato de la madre embarazada, de los cuales se han documentado una decena de casos en el país.
En este tema tan grave, una de las aristas que más preocupa es el destino de los menores sustraídos, porque muchos acaban siendo víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, incluida la pornografía infantil; y laboral, con su vertiente de mendicidad. También existe la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el mercado negro de órganos humanos, ampliamente impune.
Según el propio gobierno federal, 8 mil 360 personas de entre 0 y 19 años de edad desaparecieron en México, entre enero de 2007 y abril de 2018. De estos casos, 8 mil 195 son del fuero común, y 165 del fuero federal, refiere el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Aunado a lo anterior, de enero a agosto de este año, el Secretariado reportó 1 mil 241 denuncias de corrupción de menores en el fuero común. En su informe Incidencia delictiva del fuero común 2018, también indica que se registraron 26 casos de tráfico de menores en el mismo periodo.
De estas centenas de víctimas no sabemos cuántas acaban en manos de la delincuencia organizada, incluso de carácter internacional. El problema es que la autoridad no cuenta con una estadística al respecto. Peor aún, tampoco parece contar con investigaciones serias que conduzcan al desmantelamiento de estas redes criminales.
Así se explican los pocos resultados en el combate a estos delitos y, en consecuencia, la impunidad que reina en estos casos.
Y de ello hay bastantes evidencias, como la detención de un miembro de una banda dedicada a la pornografía internacional, ocurrida el 15 de mayo pasado. De la propia información que reveló la PGR se desprende que el golpe contra este delincuente se debió al trabajo de la Europol en Bélgica y Australia, y no de las autoridades mexicanas.
Identificado únicamente con su nombre de pila, Rodrigo “N” participaba “en una red internacional dedicada a la producción, almacenamiento y compartición de pornografía infantil”, detalla la PGR al citar el contenido de la investigación que la Subdirección de Comunidades Vulnerables de la Secretaría General de Interpol le entregó, a través de Interpol México.
El operativo para su captura involucró a la División de Investigación de la Policía Federal y a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre Delincuencia Organizada.
El papel de México en este caso se redujo “a la identificación de una víctima menor de edad, además de obtener una orden de aprehensión emitida por el juez de Control de la Ciudad de Morelia, en contra de Rodrigo ‘N’, por su probable participación en los delitos en materia de trata de personas y violación equiparada”.
Resulta evidente que sin el trabajo de Bélgica y Australia jamás se habría detenido a este criminal, y que el menor de edad explotado sexualmente continuaría en esa condición.
Queda claro que las autoridades mexicanas son omisas y negligentes; no es que desconozcan la gravedad de estos crímenes. La PGR reconoce que “el delito de tráfico de menores se considera como una de las formas de trata de personas, ya que se utiliza a los menores para ser explotados laboralmente, en la mendicidad o sexualmente”.
Advierte que, en un plano internacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, obliga a México a salvaguardar a esta población altamente vulnerable.
Nada más lejos de la realidad, porque nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en producción y consumo de pornografía infantil y, por tanto, en trata de menores con fines de explotación sexual.
Según información del Senado de la República, cada año, la explotación sexual y la pornografía infantil generan ganancias por más de 30 mil millones de dólares.
Las desapariciones de menores son alarmantes, considera Dirk Glas, director nacional de Aldeas Infantiles SOS México. Al participar en la “Conferencia nacional por los derechos de la infancia y la adolescencia sobre desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México”, indicó que la niñez en el país también “se enfrenta a distintos tipos de violencia, abusos, explotación, emergencias y todas ellas deben ser problemáticas prioritarias en cualquier gobierno”.
Pese a que ese mismo diagnóstico lo tiene el gobierno, nada cambia. Incluso los pocos casos que juzga no se castigan de forma ejemplar. Así sucedió en el juicio contra Macario Salvador “N”, quien el pasado mes de julio recibió una sentencia condenatoria de 15 años de prisión, a pesar de que se le encontró “plenamente responsable del delito de trata de personas en la modalidad de compartir videograbaciones y fotografías consideradas como imágenes con contenido de actos sexuales reales, en los que participan personas menores de 18 años de edad”.
La multa en su contra también es ridícula: el juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, le impuso 2 mil días, equivalentes a 127 mil 540 pesos. Así la justicia para la niñez mexicana.
