España es un país donde no sobran las fuentes de energía. La carencia de recursos energéticos es un problema que ha condicionado su desarrollo económico. Fundamentalmente carece de gas y petróleo. Prácticamente todo el gas y el petróleo consumido en España es importado. La producción local es muy limitada, tanto como para justificar el siguiente titular del periódico ABC (25/03/2016):
“Todo el crudo y el gas que se extrae en España en un año se consume en día y medio”.
La necesidad de reducir la dependencia del extranjero en materia energética impulsó en España la desafortunada opción por las centrales nucleares, que generaron una masiva oposición popular. La opción por la extracción de gas mediante la técnica del fracturamiento hidráulico o “fracking”, prohibida en muchas partes del mundo por sus secuelas en cuanto a contaminación, está teniendo una justificada oposición en muchas comunidades.
Tanto la energía nuclear como el “fracking” son “soluciones” que no solucionan nada, porque crean un problema mucho mayor que el que tendrían que resolver. España es un país con muchas horas de irradiación solar al año, lo que lo hace el preferido por los turistas del norte de Europa. Una decisión lógica sería impulsar el desarrollo de la energía solar. Las declaraciones de los políticos parecían apuntar en ese sentido, pero la realidad es muy diferente.
Desde hace tiempo existía en España un decreto que no se aplicaba, que gravaba de tal forma la instalación de paneles solares para autogeneración de energía eléctrica, que los hacía prácticamente inviables. En Enero de este año la oposición parlamentaria presentó un proyecto de ley para anular ese impuesto, conocido popularmente como “impuesto al sol”. El gobierno de Rajoy lo vetó, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite vetar una iniciativa legislativa del Parlamento cuando afecte a los Presupuestos Generales del Estado. El estado español recaudaría menos con las instalaciones fotovoltaicas. El Congreso, con los votos del partido en el gobierno, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos aceptó el veto gubernamental.
Esta insensata resolución nació del tenebroso mundo de la política con la colaboración de muchos. El PP está en el gobierno por la abstención del Partido Socialista Obrero Español en la votación de investidura. El impuesto al sol tuvo un importante apoyo en el exministro español de Industria José Manuel Soria, que dimitió el año pasado por su implicación en los “Panamá Papers”. El partido Ciudadanos cambió radicalmente su oposición al impuesto para plegarse a los intereses corporativos de las grandes empresas de energía eléctrica, traicionando a quienes dice defender. Con políticos así, no hay ninguna esperanza de que se tomen decisiones en beneficio del pueblo y del medio ambiente.
