El Tribunal Supremo de España sentenció este lunes a varios años en prisión a 12 expolíticos y activistas del «procés» catalán por su papel en el movimiento independentista de 2017.
Nueve de los acusados recibieron condenas de entre 9 y 13 años por sus intentos de separar a Cataluña de España por medio de un referendo ilegal; otros cuatro recibieron además penas por mal uso de fondos públicos y tres fueron multados por desobediencia. Entre los condenados se encuentra el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años de prisión por sedición y malversación de dinero público.
Además, el juez Pablo Llarena emitió una orden de arresto internacional para el expresidente catalán, Carles Puigdemont, por los mismos cargos de los que acusaron al resto.
Puigdemont y varios más huyeron a Bélgica en octubre de 2017 cuando fueron convocados a comparecer ante el tribunal para responder preguntas sobre la campaña de secesión.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este lunes que el veredicto probó que el intento de secesión se convirtió en “un naufragio” e instó a la gente a dejar de lado las posiciones extremistas y “embarcarse en una nueva fase” para Cataluña.
Quim Torra, actual presidente de Cataluña, dijo que “el veredicto es un acto de venganza”.
Junqueras y otros tres exmiembros del gobierno regional –Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados a 12 años- recibieron una condena adicional por malversación de fondos públicos.
La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio, mientras que los exmiembros del gobierno catalán Joaquim Forn y Josep Rull fueron sentenciados a 10 años y medio cada uno. Los activistas civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart recibieron penas de nueve años.
Otros tres miembros del antiguo gobierno catalán –Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó– fueron multados por desobediencia.
Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Cientos de estudiantes y funcionarios protestaron tras conocer los veredictos en varios puntos de Cataluña y su capital, Barcelona. Las autoridades españolas desplegaron cientos de policías adicionales en la región nororiental en previsión del fallo judicial.
La iniciativa independentista fracasó al no encontrar apoyo internacional. El gobierno español intervino la autonomía de Cataluña y destituyó al gobierno regional. Más tarde, la fiscalía presentó cargos.
Los fiscales basaron su caso en el referendo del 1 de octubre de 2017, que el gobierno catalán celebró pese al veto del máximo tribunal del país.
El voto a favor de la independencia ganó la consulta, pero al tratarse de una votación ilegal, la mayoría de los votantes no participó y el conteo se consideró poco fiable; sin embargo, el Parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia tres semanas más tarde, desencadenando la peor crisis política en España en varias décadas.
“100 años de prisión en total. Una barbaridad”, tuiteó hoy Puigdemont. “Ahora más que nunca, estaremos con vosotros y vuestras familias. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña”.
Casi con certeza, el veredicto se convertiría en otro tema clave para la causa independentista. El veredicto llega a menos de un mes de que España celebre elecciones generales para elegir un nuevo gobierno.
