La periodista Lydia Cacho denunció este fin de semana que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, solicitó un amparo para no ser detenido por el delito de tortura, con el argumento de estar en la población en riesgo por covid-19, para lo cual ha estado “soltando dinero en tribunales”.
Por medio de Twitter, la también activista publicó una fotografía del exmandatario poblano, hoy prófugo, de quien dijo que busca evitar su detención por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en diciembre de 2005.
Este es el es gobernador #MarioMarínPrófugo por tortura, encubridor de tratantes de niñas. Acaba de solicitar un amparo para no ser detenido en Puebla “Porque es población en riesgo por #Covid19 “ Soltando dinero en tribunales 👀 @lopezobrador_ @FGRMexico @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/aYfazRlZ9E
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) April 24, 2020
“Sus abogados dicen que porque tiene 60 años no debe ser arrestado para que no enferme por #covid_19mexico”, escribió la autora de Los Demonios del Edén, el Poder que Protege la Pornografía Infantil.
“Dice el Magistrado Oscar Rodríguez Álvarez de Cancún que ‘Le preocupa mucho la salud del ex gobernador Marín’. ¿Y mi derecho como víctima de tortura? ¿y el derecho de las niñas y niños víctimas de pornografía infantil?”, cuestionó.
En 2005, Cacho fue encarcelada y torturada por cerca de 30 horas tras órdenes del exmandatario priista, por haber exhibido a una sofisticada red internacional de pederastia y pornografía infantil.
Por ello, Cacho Ribeiro pidió que el subsecretario federal de Derechos Humanos, vigilar la “corrupción del Magistrado Óscar Rodríguez Álvarez del 2o Tribunal Unitario de Circuito de Cancún”.
Asimismo, hizo “un llamado público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México”, Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, porque “la pandemia no puede ser instrumento para fomentar mayor impunidad criminal”.
El 12 de junio de 2019, Rosa María Cervantes, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la suspensión provisional que se le había concedido a Mario Marín, contra la orden de arresto que existe en su contra por los actos de tortura.
