Organizaciones sociales exigieron este lunes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México que se pronuncie en favor de la libertad de la activista Kenia Hernández, encarcelada en el penal de Coatlán, en el céntrico estado de Morelos.
Hacemos un llamado enérgico para que la CNDH se pronuncie y para que haya un criterio de mínima intervención en esta situación», dijo en una conferencia de prensa Antonio Lara, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y defensor de la activista.
Kenia Hernández, coordinadora del Colectivo Zapata Vive, fue detenida el domingo 18 de octubre por la noche por presuntos elementos de la Guardia Nacional, a petición de autoridades del Estado de México.
De acuerdo con Lara, la activista fue acusada de robo con violencia a casetas de peaje en el municipio de Almoloya de Juárez, en el céntrico Estado de México, y por ello fue recluida en un penal cercano.
Sin embargo, al acreditarse que no se había hecho uso de ningún arma fue dejada en libertad a las 10 de la noche del 24 de octubre.
No obstante, cuatro horas después fue detenida nuevamente acusada de ataques a vías federales de comunicación en una caseta de peaje del sureño estado Guerrero, delito ocurido en marzo de 2019 y por el cual fue trasladada de nuevo a un penal.
Lara aseguró que Kenia Hernández se ha destacado en la lucha social en años recientes.
Fue consejera de derechos humanos en la casa de justicia de la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) con sede en Cochoapa, municipio de Ometepec.
Detalló que es indígena amuzga, feminista, abogada defensora de derechos humanos, de mujeres, de personas indígenas, de personas injustamente presas y de presos políticos.
Yaneli Fuentes, periodista y activista, relató en conferencia de prensa que desde la primera detención de Hernández se han realizado varias actividades de protesta, entre ellas un plantón frente a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México de donde fueron desalojados con violencia por unas 500 personas este fin de semana.
Fueron solo golpes, pero perdimos ropa, celulares, calzado, cobijas, todo lo que se necesitaba para seguir con el plantón», afirmó.
Señaló que las denuncias de las injusticias sociales en Guerrero agudizaron la represión en contra de Kenia, lo cual la obligó a pedir la protección de la Secretaría de Gobernación federal. No obstante, la persecución por parte del gobierno guerrerense no ha cesado, apuntó Fuentes.
Ubaldo Segura, integrante del Frente Popular de la Montaña, acusó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de atacar a los defensores de los derechos humanos.
Vemos con mucha decepción que en este gobierno se salvaguardan los derechos económicos de los grandes empresarios y se dejan de lado los intereses sobre los derechos humanos de los más pobres», lamentó.
Se dijeron preocupados por la creciente criminalización, hostigamiento y persecución de luchadores sociales, activistas de derechos humanos, periodistas y, en general, de disidentes y críticos del sistema imperante.
