El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa, investigado por lavado de dinero y otros delitos relacionados con la “Estafa Maestra”, y quien ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar como testigo para no ser detenido, pelea al mismo tiempo en tribunales que no le decomisen sus cuentas bancarias ni propiedades.
Zebadúa y su hermana Lourdes, denunciada tras detectársele gastos millonarios en casinos con dinero posiblemente proveniente del erario, cuentan con una suspensión provisional para que sus bienes no sean tocados. Es una suspensión a la que no han renunciado y que lograron gracias a que sabían desde hace varios meses que los indagaban por lavado.
El recurso fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, el mismo que durante un año frenó cualquier acción legal en contra del exoficial Mayor, y cuyo secretario de acuerdos ya fue suspendido por favorecer de manera irregular con un amparo al empresario Alonso Ancira, indagado también por lavado.
Con información de Animal Político muestran que el 31 de mayo los abogados de Zebadúa presentaron la demanda de amparo en el referido juzgado en contra de un posible aseguramiento de sus bienes y otras acciones, como resultado de la integración de una carpeta de investigación abierta en la SEIDO.
Se trata de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 por la cual se giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y crimen organizado, pero no en contra de Zebadúa, quien ofreció a la FGR colaborar en busca da un criterio de oportunidad.
Lo que los datos confirman es que Zebadúa y sus familiares conocían con total precisión de la apertura de esa carpeta – e incluso del número del expediente – por lo menos desde hace cinco meses, y así lo plasmaron en su demanda.
