La crisis migratoria que viven las Islas Canarias con la masiva llegada de migrantes africanos – 17.000 en lo que va de año – ha dado paso a un drama humanitario, con más de 2.000 personas hacinadas desde hace semanas en un campamento improvisado en un puerto en Gran Canaria, al que ni las autoridades españolas y europeas ni las organizaciones internacionales han dado respuesta hasta el momento.
Acostumbradas a un goteo incesante en la llegada de pateras y cayucos, nombre con el que se conoce las embarcaciones precarias en las que viajan los migrantes, el archipiélago español, situado en el Atlántico frente a las costas de África y frontera sur con la Unión Europea (UE), está alcanzando cifras que sólo se superaron en 2006, cuando acogieron a 31.678 personas.
Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año han llegado de forma irregular a Canarias 16.760 personas, un 1.019 % más que en el mismo periodo de 2019, según el último balance del Ministerio español del Interior, y en el muelle pesquero de Arguineguín (Gran Canaria), donde en agosto se montó un campamento provisional de emergencia para 400 inmigrantes, se hacinan en los últimos días más de dos millares.
Las autoridades insulares reclaman que el Gobierno español actúe en los países de origen para que Senegal, Mauritania, pero sobre todo Marruecos, los principales emisores de migrantes, refuercen el control de sus costas con el fin de evitar la salida de embarcaciones, además de impulsar los mecanismos de repatriación.
El presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, ha urgido también al Ejecutivo de Pedro Sánchez a impulsar los traslados a la Península, que se vienen realizando de manera puntual y, fundamentalmente, en casos de colectivos vulnerables y solicitantes de protección internacional.
JÓVENES Y DESEMPLEADOS, PERFIL DE LOS MIGRANTES
La presión migratoria, que se concentraba tradicionalmente en las costas del Estrecho y del Mediterráneo, se ha desplazado hacia las costas del sur de Marruecos y sobre todo del Sáhara Occidental, donde se han trasladado tanto los candidatos a la emigración como las mafias que los trasladan, según coinciden todos los expertos.
En los últimos informes oficiales no se detalla la nacionalidad de los llegados a Canarias por mar, ya que la mayoría en un primer momento oculta ese dato para dificultar su devolución, pero fuentes policiales señalan que la gran mayoría de los que han accedido a las costas del archipiélago español en las últimas semanas son marroquíes.
En ese contexto se sitúa el viaje oficial que emprenderá este viernes a Marruecos el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Será el séptimo desde 2018 y allí se entrevistará con su homólogo, Abdeluafi Laftit.
Su objetivo, explican fuentes del ministerio, es seguir reforzando la colaboración entre los dos países y regresar a los buenos resultados alcanzados el año pasado gracias a las actuaciones conjuntas, cuando se revertió la tendencia creciente de llegadas irregulares de 2018 con un descenso del 50 %.
Desde Bruselas, la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, aseguró hoy no tener «ninguna duda» de que Marruecos está colaborando con España en la gestión de los flujos migratorios.
Después de haber analizando el perfil de la mayoría de los que llegan a Canarias, el Gobierno español cree que son jóvenes que «escapan del desempleo que en muchos de esos sus países, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Chad, Argelia» ha causado la pandemia de la covid-19, según la ministra.
Para tratar de abordar la situación, el Ejecutivo del socialista Sánchez está en contacto con el Gobierno de Canarias, con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y con la Agencia Europea para el Control de Fronteras, FRONTEX, que va a ayudar a identificar a las personas que llegan a España.
Muchos de los inmigrantes que llegan a España lo hacen a través de redes criminales de tráfico de personas «y, evidentemente, el Gobierno de España no va a incentivar el que sigan operando» estas mafias, aseguró González Laya.
UNA RUTA MORTAL
Pero además, la ruta migratoria de Canarias a través del Atlántico está considerada como la más mortífera de cuantas están activas en estos momentos y la toman personas que, en muchos casos, merecen protección internacional, según ha denunciado en numerosas ocasiones la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
De acuerdo a su último informe, publicado a principios de mes, más de 600 personas han muerto o desaparecido en lo que va de año intentando llegar en pateras y cayucos al archipiélago español.
Su estimación es muy similar a la revelada hace solo unos días por Cruz Roja española, que calcula que la Ruta Canaria tiene en estos momentos unas tasas de mortalidad de entre el 5 y el 8 por ciento.
En agosto, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), también dependiente de Naciones Unidas, ya avisaba de que una de cada 16 personas que se aventura al océano para intentar llegar en patera a Canarias se deja la vida en el intento.
