La inhabilitación para ejercer cargos públicos por 12 años del exalcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, por parte del Congreso del estado, es más una ejecución política que jurídica, es decir, realmente no es un proceso de evaluación serio, y obedece a intereses del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Así lo explicó a Síntesis, el director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, quien criticó al poder legislativo el que esté revisando todavía en 2017 una cuenta pública de 2013.
“Eso me parece irregular, lo que da pensar que básicamente es una decisión política y no obedece a una estricta evaluación de lo que supuso un uso adecuado de recursos o no, es más político que jurídico, más político que realmente un proceso de evaluación serio”, acusó.
Sentenció que tal determinación se inserta en la lógica de a quién tener los morenovallista en el 2018 en la boleta electoral.
Y es que el analista político aseveró que el PAN en Puebla está dividido entre quienes han y decidieron apoyar la candidatura de Rafael Moreno Valle Rosas para la presidencia, como quienes están representando la corriente política más tradicional que ha venido existiendo en el estado desde hace muchos años.
Refleja lo que en el PAN es el morenovallismo y el antimorenovallismo, “eso es una fotografía muy clara”.
El académico lamentó que en México todavía se sigan utilizando instancias de evaluación de rendición de cuentas -que son fundamentadas en el país tomando en cuenta la corrupción que existe- para poder establecer a quién se quiere en la boleta y a quién no.
Hernández Avendaño afirmó que en el país realmente se necesita una mejor rendición de cuentas; “eso es claro y evidente, pero cuando esa rendición de cuentas se da cuatro años después, no puede ser más que una rendición de cuentas amañada y una rendición de cuentas totalmente politizada para otros intereses, y eso es lo que desvirtúa al estado y a las instituciones”.
Lamentable “representación” del Congreso
En cuanto a su papel de los diputados locales que votaron para tal inhabilitación de Eduardo Rivera, quien además tendría que pagar una multa por 25 millones de pesos por supuestas irregularidades detectadas en su cuenta pública 2013; el especialista puntualizó que el Congreso del Estado queda como una oficialidad por parte de Moreno Valle.
“Es muy lamentable que tengamos una representación en el Congreso que en realidad esté mucho mas apegada a los intereses del posible candidato presidencial o no, eso ya lo sabrán los propios panistas”, comentó.
En ese sentido, y con miras al proceso electoral del 2018, Juan Luis Hernández sostuvo que los electores tendrán que ser más enfáticos en poder “reprobar” este tipo de acciones en las elecciones; y es una oportunidad –destacó- para poder premiar y castigar.
