La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Coordinación Fiscal, en materia de Centros de Justicia para las Mujeres.
Con el objetivo de garantizar la participación de las mujeres en las organizaciones de la economía social y solidaria, la Cámara de Diputados aprobó, por consenso de 456 votos a favor, dictamen referente al Sector Social de la Economía. 👇🏻
https://t.co/UBv60lYDhL— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 8, 2020
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, explicó que la enmienda es para regular y transferir los Centros de Justicia para Mujeres a los gobiernos estatales y que éstos impulsen su fortalecimiento.
Desde tribuna, señaló que estos espacios brindarán servicios multidisciplinarios e interinstitucionales a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos.
Asimismo, facilitarán el acceso a la justicia y al debido proceso las 24 horas del día y diseñarán e implementar acciones que eviten la revictimización, la burocracia y la opacidad para que las mujeres vivan libres de violencia.
Briceño Zuloaga reconoció el trabajo y sororidad de las organizaciones sociales para plantear el robustecimiento de la operatividad y eficacia de los Centros de Justicia para Mujeres.
Por su parte, la diputada federal de Morena, Mildred Concepción Ávila Vera, consideró que los 44 Centros de Justicia para Mujeres que existen en el país son insuficientes para el número de mujeres que sufren violencia; sin embargo, es primordial darles soporte y certeza jurídica para fortalecer su operación.
Aseveró que la violencia no solo ha crecido en cifras sino también en la intensidad y en las consecuencias, pero no la capacidad institucional para atender este flagelo.
La capacidad institucional no crece al mismo ritmo en el que crece la violencia y el número actual de Centros de Justicia para Mujeres no alcanza a responder a una necesidad de atención de 30 millones de mujeres que han sido violentadas”, lamentó.
En ese sentido, subrayó, resulta urgente asegurar que las mujeres víctimas de discriminación y violencia tengan acceso a recursos y servicios efectivos y oportunos que garanticen justicia y coadyuven a romper el ciclo de violencia que viven.
