La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, aseguró que los resultados de la Fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) correspondiente a 2019, se caracterizó por el “despilfarro, la opacidad y el clientelismo” por parte de la administración López.
“Es evidente que el despilfarro, la opacidad el clientelismo del primer año será la característica de todo el gobierno de López Obrador, pues lo que denuncia la ASF sigue imperando y se está acentuando ante las próximas elecciones, particularmente con el uso electoral de los programas sociales y la campaña de vacunación”, dijo.
Indicó que, de manera particular, se encontraron anomalías en las dependencias que operan la mayor parte de los programas sociales que ha puesto en marcha este gobierno. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por 4 mil 576.0 millones de pesos, y en la de Bienestar con 3 mil 392 millones de pesos.
De manera adicional, Juárez Piña indicó que el Auditor Superior hace señalamientos importantes sobre la calidad y transparencia de los principales programas sociales, como por ejemplo con relación al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Respecto al Tren Maya, la ASF detectó que en 2019, ni Fonatur ni Fonatur Tren Maya (FTM) acreditaron un proyecto ejecutivo ni un modelo financiero con el fin de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para dicho proyecto ferroviario.
Estas observaciones, agregó, “se suman a las de entregas anteriores donde ya se habían detectado irregularidades en el Sector Salud y en la CFE y Pemex”.
Alertó que, según la ASF, «la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México, costará al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, lo que representa un incremento de 231 por ciento respecto a lo estimado por el Gobierno federal, y el 25 por ciento del incremento de la deuda del país durante el 2020”.
El gobierno había considerado una estimación de 100 mil millones de pesos ya que la dependencia consideró sólo la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados.
“Cabe señalar que de los 331 mil 996 millones de pesos que costó la cancelación del NAIM, poco más de 163 mil millones de pesos son gastos relacionados con la terminación anticipada de los contratos y gastos legales”, resaltó Juárez Piña.
“Pero el costo aumentará durante los próximos años ya que el país gastará al menos otros 168 mil millones de pesos debido a que se encontró que está pendiente la liquidación del 70 por ciento del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y sobre los cuales se deberán pagar comisiones e intereses generados por los bonos en circulación y pendientes de recompra”, alertó.
La líder perredista puntualizó que en plena crisis económica provocada por la pandemia y la fallida política de la administración López, “con el costo de cancelación del NAIM, se hubiera podido cubrir una salario de emergencia de 4 mil pesos mensuales durante un año a 6.8 millones de personas o trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia«.
“El costo de cancelación del NAIM es un fuerte daño patrimonial a las finanzas públicas al representar 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto, significa al menos la mitad del déficit público para 2021, y el 25% del incremento de la deuda pública en 2020”, denunció.
Evasivas de AMLO no eximen a su gobierno
La líder de bancada, advirtió que las evasivas del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública para 2019, no eximen a su gobierno de atender los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Recordó que la ASF es una institución impulsora del manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos; promotora de la transparencia y rendición de cuentas por parte de los Poderes de la Unión y entes públicos federales, como elementos inherentes de la democracia y el Estado de derecho.
Es decir, dijo, se trata de un órgano con autonomía técnica y de gestión, que ejerce un escrutinio institucional fundamental del Estado de derecho, de la democracia y de la división de poderes.
